España inicia 2014 con alzas en las tarifas de la electricidad y en el transporte público, cuyos servicios son más caros desde este 1 de enero.




A partir de este miércoles encender la calefacción en las casas, cocinar o poner a funcionar la lavadora será un 2,3 por ciento más caro en España. Un 0,9 por ciento es para pagar costes, primas y la deuda con las compañías eléctricas, y el resto, 1,4 por ciento, corresponde a la parte que marca el mercado, aunque esta vez también la determinó el Ejecutivo.

Cuatro millones de hogares no pueden hacer frente al pago de los recibos de la luz en España, según informó la Cruz Roja. El 40 por ciento de esas personas no puede mantener su casa caliente en invierno.

En los últimos 5 años el servicio eléctrico ha subido un 60 por ciento, y parece que continuará la tendencia.
Para el próximo trimestre habrá una nueva fórmula para calcular los precios en un país donde la electricidad es la tercera más cara de toda la Unión Europea (UE), y donde millones de personas ya no se pueden permitir el acceso a ella.

El jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy, confirmó el pasado 27 de diciembre que el servicio de energía eléctrica subirá en enero un 2,3 por ciento. Éste sería el cuarto incremento consecutivo de la tarifa de electricidad y el quinto en el lapso de un año.

La privatización de la empresa estatal provocó el encarecimiento del precio de la electricidad en un 78 por ciento durante la última década, lo que supone que grandes empresas privadas como Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa e Hidrocantábrico han obtenido millones de beneficios a costa de la clase trabajadora.

El pasado 30 de diciembre ya tuvieron lugar protestas contra el “tarifazo” eléctrico y del transporte público, en el que se realizó un apagón de la luz durante unas horas y cientos de personas accedieron al metro sin abonar el billete como medida de rechazo popular ante estas políticas neoliberales.

Movimientos sociales, organizaciones de consumidores y partidos de izquierda están haciendo un llamamiento a la nacionalización del servicio eléctrico ante los abusos y la especulación que está llevando a cabo la patronal Unesa, que agrupa a las compañías del sector.

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