NOCHIXTLÁN, ¿OTRA VERDAD HISTÓRICA?
No hay duda. La Secretaría de Gobernación cocina una nueva verdad
histórica muy a su estilo, ahora con la masacre de 10 pobladores en
Asunción Nochixtlán y uno en Trinidad de Viguera, ambos en el estado de
Oaxaca, quienes fueron asesinados por disparos realizados con armas
reglamentarias por elementos de la policía federal y estatal y la
gendarmería, durante el desalojo que la fuerza pública implementó el 19
de junio de 2016 para quitar los bloqueos que maestros y pobladores
mantenían en esos puntos carreteros.
Un informe de 400 páginas,
elaborado con “testimonios de mandos de la policía federal” que
participaron en el operativo del 19 de junio, fue entregado a la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a la Comisión de
Seguimiento por parte de la Secretaría de Gobernación (Segob) para,
después de 39 días, ofrecer su versión adulterada sobre los
acontecimientos y justificar con argumentos legales (sic) el uso de
armas de fuego para asesinar a la población en resistencia pacífica que
lucha contra la privatización de la educación pública.
El informe
confirma que el operativo policiaco fue diseñado para causar bajas
humanas entre los manifestantes y provocar crisis en la protesta social.
Los testimonios de los mandos de la policía federal reconocen
finalmente que una división de la Gendarmería sí hizo uso de armas de
fuego para repeler a los simpatizantes de la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación, hecho que las autoridades no reconocían de
manera oficial y que algunos medios de comunicación manipularon por
encargo del Estado, para culpar a los pobladores caídos y heridos
durante el brutal operativo.
A lo largo del documento se omite
la responsabilidad que tuvo el comisionado general de la policía
federal, Enrique Galindo Cevallos, quien no es mencionado, como tampoco
el nombre del mando que dio la orden de disparar y mucho menos a Gabino
Cué Monteagudo (Gobernador de Oaxaca) y Miguel Ángel Osorio Chong
(Secretario de Gobernación). Se desliza la posibilidad de que el
responsable haya sido José Luis Rincón Alvarado, encargado del Segundo
Agrupamiento de la División de Gendarmería, ya que él comandó a los 174
elementos equipados con armas largas y cortas al llegarse presuntamente
al sexto nivel de sus protocolos internos, considerado como agresión
letal en el cual la policía hace uso de armas de fuego. Las premeditadas
omisiones del informe, ocultan la responsabilidad de muchos
funcionarios de alto nivel para garantizarles impunidad al convertir en
victimarios a las víctimas del 19 de junio.
Si la policía sufrió
once ataques por armas de fuego como dicen en su informe, ¿dónde están
los muertos y heridos de la policía?, porque, en cambio, del lado de la
población son públicos los nombres de los once muertos y el centenar de
heridos.
El informe policiaco -en poder del diario El Universal-
revela que los testimonios de la policía no fueron acompañados de otras
evidencias documentales que se realizan durante estas actuaciones, a
pesar de que los vehículos oficiales utilizados en el desalojo sí
contaban con cámaras de videograbación. En el oficio
PF/DFF/CROP/5054/2016, la Coordinación del Puesto de Mando en Oaxaca de
la PF respondió al cuestionamiento de la CNDH si los vehículos oficiales
de la policía cuentan con cámaras fotográficas y de videograbación:
“Cabe hacer mención que las unidades participantes (en el desalojo del
19 de junio en Asunción Nochixtlán y Viguera) sí cuentan con cámaras de
videograbación de las cuales ninguna funciona”. En el caso de los dos
helicópteros (PF-201 y PF-112) empleados para lanzar cartuchos de gas,
las autoridades respondieron que “las aeronaves antes citadas no cuentan
con sistema de grabación”.
Múltiples pruebas fotográficas y de
videograbación realizadas por agencias nacionales e internacionales in
situ y testimonios ofrecidos por los pobladores afectados o heridos y
los casos de niños gaseados y desplazados, documentan el uso de armas de
fuego por parte de la policía desde el inicio del desalojo y que la
represión se extendió hacia la comunidad.
La Procuraduría
General de la República (PGR) no va a llevar a cabo una investigación
imparcial. Tampoco va a llegar al fondo del asunto. Menos llevará ante
la justicia, ni sentenciará a los autores materiales e intelectuales de
la masacre de Asunción Nochixtlán. El compromiso de la PGR es “llegar a
la verdad” pero al ritmo de sus instituciones, alterando evidencias,
protegiendo a los culpables, criminalizando a las víctimas y denigrando
la lucha de los familiares, profesores y sociedad en general que exigen
justicia.
Por eso urge que el movimiento social presione para
lograr la constitución de una comisión internacional, que realice una
investigación imparcial de los hechos que conduzca hasta los culpables,
los destituya de sus cargos públicos y los castigue con prisión.
La Sección XXII y las diferentes organizaciones del movimiento social
deben tener como una demanda prioritaria en la mesa de diálogo, la
exigencia de justicia para los caídos y heridos y la reparación del
daño. Nochixtlán proporcionó una gigantesca solidaridad nacional e
internacional a la huelga magisterial por la abrogación de la falsa
reforma educativa, la libertad de todos los presos políticos del país,
la reparación de los daños causados por la aplicación de la reforma
educativa y la construcción consensada de un nuevo proyecto educativo
nacional.
Esa solidaridad debe fortalecerse con un plan de
acción estatal y nacional de largo alcance, con una mesa de negociación
incluyente y sin ambages que lleve a consolidar la unidad con Nochixtlán
y todos los pueblos de México y del mundo que hoy se movilizan en apoyo
de la lucha magisterial.
ricardorojo7819@yahoo.com.mx