01 agosto 2016

NOCHIXTLÁN, ¿OTRA VERDAD HISTÓRICA?


NOCHIXTLÁN, ¿OTRA VERDAD HISTÓRICA?

RICARDO ROJO
Lunes, 01/08/2016
No hay duda. La Secretaría de Gobernación cocina una nueva verdad histórica muy a su estilo, ahora con la masacre de 10 pobladores en Asunción Nochixtlán y uno en Trinidad de Viguera, ambos en el estado de Oaxaca, quienes fueron asesinados por disparos realizados con armas reglamentarias por elementos de la policía federal y estatal y la gendarmería, durante el desalojo que la fuerza pública implementó el 19 de junio de 2016 para quitar los bloqueos que maestros y pobladores mantenían en esos puntos carreteros.
Un informe de 400 páginas, elaborado con “testimonios de mandos de la policía federal” que participaron en el operativo del 19 de junio, fue entregado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a la Comisión de Seguimiento por parte de la Secretaría de Gobernación (Segob) para, después de 39 días, ofrecer su versión adulterada sobre los acontecimientos y justificar con argumentos legales (sic) el uso de armas de fuego para asesinar a la población en resistencia pacífica que lucha contra la privatización de la educación pública.
El informe confirma que el operativo policiaco fue diseñado para causar bajas humanas entre los manifestantes y provocar crisis en la protesta social. Los testimonios de los mandos de la policía federal reconocen finalmente que una división de la Gendarmería sí hizo uso de armas de fuego para repeler a los simpatizantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, hecho que las autoridades no reconocían de manera oficial y que algunos medios de comunicación manipularon por encargo del Estado, para culpar a los pobladores caídos y heridos durante el brutal operativo.
A lo largo del documento se omite la responsabilidad que tuvo el comisionado general de la policía federal, Enrique Galindo Cevallos, quien no es mencionado, como tampoco el nombre del mando que dio la orden de disparar y mucho menos a Gabino Cué Monteagudo (Gobernador de Oaxaca) y Miguel Ángel Osorio Chong (Secretario de Gobernación). Se desliza la posibilidad de que el responsable haya sido José Luis Rincón Alvarado, encargado del Segundo Agrupamiento de la División de Gendarmería, ya que él comandó a los 174 elementos equipados con armas largas y cortas al llegarse presuntamente al sexto nivel de sus protocolos internos, considerado como agresión letal en el cual la policía hace uso de armas de fuego. Las premeditadas omisiones del informe, ocultan la responsabilidad de muchos funcionarios de alto nivel para garantizarles impunidad al convertir en victimarios a las víctimas del 19 de junio.
Si la policía sufrió once ataques por armas de fuego como dicen en su informe, ¿dónde están los muertos y heridos de la policía?, porque, en cambio, del lado de la población son públicos los nombres de los once muertos y el centenar de heridos.
El informe policiaco -en poder del diario El Universal- revela que los testimonios de la policía no fueron acompañados de otras evidencias documentales que se realizan durante estas actuaciones, a pesar de que los vehículos oficiales utilizados en el desalojo sí contaban con cámaras de videograbación. En el oficio PF/DFF/CROP/5054/2016, la Coordinación del Puesto de Mando en Oaxaca de la PF respondió al cuestionamiento de la CNDH si los vehículos oficiales de la policía cuentan con cámaras fotográficas y de videograbación: “Cabe hacer mención que las unidades participantes (en el desalojo del 19 de junio en Asunción Nochixtlán y Viguera) sí cuentan con cámaras de videograbación de las cuales ninguna funciona”. En el caso de los dos helicópteros (PF-201 y PF-112) empleados para lanzar cartuchos de gas, las autoridades respondieron que “las aeronaves antes citadas no cuentan con sistema de grabación”.
Múltiples pruebas fotográficas y de videograbación realizadas por agencias nacionales e internacionales in situ y testimonios ofrecidos por los pobladores afectados o heridos y los casos de niños gaseados y desplazados, documentan el uso de armas de fuego por parte de la policía desde el inicio del desalojo y que la represión se extendió hacia la comunidad.
La Procuraduría General de la República (PGR) no va a llevar a cabo una investigación imparcial. Tampoco va a llegar al fondo del asunto. Menos llevará ante la justicia, ni sentenciará a los autores materiales e intelectuales de la masacre de Asunción Nochixtlán. El compromiso de la PGR es “llegar a la verdad” pero al ritmo de sus instituciones, alterando evidencias, protegiendo a los culpables, criminalizando a las víctimas y denigrando la lucha de los familiares, profesores y sociedad en general que exigen justicia.
Por eso urge que el movimiento social presione para lograr la constitución de una comisión internacional, que realice una investigación imparcial de los hechos que conduzca hasta los culpables, los destituya de sus cargos públicos y los castigue con prisión.
La Sección XXII y las diferentes organizaciones del movimiento social deben tener como una demanda prioritaria en la mesa de diálogo, la exigencia de justicia para los caídos y heridos y la reparación del daño. Nochixtlán proporcionó una gigantesca solidaridad nacional e internacional a la huelga magisterial por la abrogación de la falsa reforma educativa, la libertad de todos los presos políticos del país, la reparación de los daños causados por la aplicación de la reforma educativa y la construcción consensada de un nuevo proyecto educativo nacional.
Esa solidaridad debe fortalecerse con un plan de acción estatal y nacional de largo alcance, con una mesa de negociación incluyente y sin ambages que lleve a consolidar la unidad con Nochixtlán y todos los pueblos de México y del mundo que hoy se movilizan en apoyo de la lucha magisterial. 

ricardorojo7819@yahoo.com.mx

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